Corrupción afecta a tabasqueños: Bojórquez.

Foto. jhosue g. Torres Marín

  Bojórquez Javier aseguró que el desfalco de 2 mil millones de pesos, atribuido a Andrés Granier y colaboradores, afecta a maestros, burócratas, ministerios públicos y peritos, quienes no han recibido su salario. “Mucha gente, tanto trabajadores como proveedores están listos para cobrar a Arturo Núñez lo que el gobierno de Granier les quedó a deber, situación que es sumamente injusta; un gobierno no debe comenzar con las condiciones en su contra, peor aún si a esto le sumamos el empréstito de 4 mil 130 millones de pesos que le aprobaron a Granier antes de concluir su administración”, dijo.

“Mientras a Tabasco lo deja endeudado, Granier se va enriquecido junto con sus familiares y otros funcionarios que se hicieron millonarios este último sexenio. Los legisladores tabasqueños del PRD hicimos un gran esfuerzo para que del presupuesto federal se otorgaran al estado 5 mil 282 millones de pesos, pero eso no disculpa toda la corrupción del gobierno anterior”, aseveró la diputada.

Bojórquez recordó que existen reportes periodísticos, donde se habla de asignación de contratos que beneficiaron a gente cercana del ex gobernador “por ejemplo su secretario de Asentamiento y Obras Públicas, Héctor López Peralta, quien a través de 15 empresas registradas con prestanombres, presuntamente recibió 127 obras, desde 2007, con valor de 633 millones 561 mil 921 pesos y esa es solo una muestra de la injusticia y corrupción de la administración de Andrés Granier”.

También aparecen José Luis Alday Hernández, titular de la Dirección de Control y Auditoria a Obra Pública, con tres empresas a las que adjudicaron 13 obras por 34 millones de pesos en los últimos cinco años, y José Enrique Jiménez López, encargado de Seguimiento de Obra Pública de la Secretaría de Contraloría, con cuatro empresas que habrían obtenido 13 obras por 37 millones de pesos.

El ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham, está acusado del desvío de 175 millones de pesos en 19 programas y cuatro hospitales de especialidades, en tanto que al administrador de la misma dependencia, Adalberto Vázquez, se le atribuye haber autorizado la desviación de 175 millones de pesos del seguro popular, para usar una parte en el pago de nómina de otras dependencias, quedando sin justificar 38 millones de pesos.